El comercio de madera ilegal es un tema crucial para el planeta. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) el negocio de la madera ilegal representa entre 50 y 160 billones de dólares al año, siendo China uno de los principales receptores de esta materia prima. En Colombia, la situación no se queda atrás. Según cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 47% de la madera comercializada proviene de fuentes ilegales.

Según los resultados de la operación Arcadia LAC, desarrollada por la Interpol Latinoamérica y el Caribe, esta problemática está poniendo en jaque varias de las reservas de biodiversidad más valiosas del mundo. En Colombia, se calcula que el tráfico ilegal de madera es causante del 10% de la deforestación en el país, según cálculos del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). Además, es uno de los principales motores de deforestación y degradación de los bosques naturales detectados en el reporte de deforestación anual del 2021, desarrollado por la misma entidad.

Johana Herrera, Oficial de Bosques y Cambio Climático de WWF Colombia, explica que la tala ilegal en bosques naturales se hace sin una lógica y un orden, generando dinámicas que no permiten la recuperación de los bosques y causan su degradación. Además, existen distintas ventanas que permiten su desarrollo en zonas tan biodiversas como la Amazonía o el Pacífico: la poca presencia Estatal en algunos territorios, la existencia de grupos armados al margen de la ley relacionados con esta actividad ilícita, los vacíos y limitantes legales, o la facilidad para usar permisos legales para “blanquear” la madera son solo algunas causas que hacen de esta práctica, un fenómeno complejo de combatir. Esto, sumado a los desafíos y altos costos de adquirir permisos de aprovechamiento forestal, elevados costos de extracción, y la dificultad para acceder a créditos monetarios para vender madera legal, desmotivan a las comunidades y a los comerciantes en apostarle a la madera legal. “El negocio de madera legal supone unos costos para todos los actores, así como una contribución en tributos, sin embargo éstos no se ven reflejados o retribuidos en el proceso” añade Herrera.

¿Qué estoy apoyando cuando compro o vendo productos de madera legal?

¿Sabría diferenciar si el comedor que está comprando o vendiendo está hecho con abarco, caoba, cedro, palorosa, chanul o mangle? Seguramente no, y lo más grave es que todas las especies mencionadas están en peligro de extinción.

Para expertos como John Manrique, Especialista Forestal de WWF Colombia, si se quieren conservar estas y otras especies que hacen de nuestro país el segundo con el mayor número de árboles registrados en el mundo, es necesario apostarle sí o sí al negocio legal de la madera.
Pero, ¿en qué consiste el comercio de madera legal y qué diferencias tiene con el comercio ilegal? Según el Observatorio de Economía Forestal, la madera legal es aquella que se logra desde la fuente. Esto quiere decir que en su siembra y aprovechamiento se han aplicado los conocimientos necesarios para proteger las fuentes hídricas, los suelos y la biodiversidad presentes en el territorio, pues son las mínimas consideraciones ambientales que debe aplicar cualquier proyecto forestal.

Apoyar estos proyectos se convierte en una responsabilidad ambiental partiendo de la idea de que la madera legal supla las necesidades del mercado, evitando la explotación y degradación de bosques naturales, además de ponerle un freno a pérdida de especies que ya están amenazadas, por lo tanto, se convierte en una poderosa estrategia para la protección de los bosques y la biodiversidad en el país. Allí, el papel de los consumidores es esencial, pues son quienes pueden exigir un cambio en la demanda del mercado e imponer nuevas reglas de juego en donde la legalidad y la sostenibilidad sea un factor fundamental para la compra.

Por otro lado, al adquirir productos de madera legal no solo se está apoyando la industria y la potencialización del sector forestal en el país; también se le está apostando a mejorar la calidad de vida de comunidades locales, quienes, desde el ejercicio tradicional del aprovechamiento forestal de sus bosques, buscan obtener un sustento, lo que se convierte en una responsabilidad social.

“Muchas personas tienen la percepción de que el aprovechamiento de los bosques naturales realizado por las comunidades locales produce deforestación; sin embargo, esta situación está alejada de la realidad en muchos casos, pues ancestralmente éstas aprovechan sus bosques de manera sustentable, de acuerdo a las dinámicas propias de los bosques, aportando a su conservación y dando un sustento económico a sus comunidades” explica Manrique.

Un futuro prometedor

Para Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), el comercio legal de madera puede ser un factor prometedor para el país. ¿La razón? Colombia tiene un gran potencial forestal, gracias a los siete millones de hectáreas con aptitud para el desarrollo de plantaciones forestales, de las cuales, solo se utilizan 540 mil hectáreas. Si el sector maderero sigue el impulso que lleva hasta el momento, podría pasar de aportar del 0,69 al 1.4% del PIB para el 2026, con miras a alcanzar el 9% en el 2052, explica Vásquez en el artículo “Sector de la Madera estima a 2052 contribuir con el 9% del PIB”, publicado en la revista Portafolio. En esa misma perspectiva, el Observatorio de Economía Forestal, con el apoyo de ONF Andina y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), publicó una Guía Técnica para brindar elementos claves para el diseño e implementación de plantaciones forestales comerciales en el país y cumplir con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto permitiría, no solo el crecimiento de la oferta forestal de especies nativas e introducidas que por su gran importancia comercial han sido amenazadas, sino también, posicionar a Colombia y a la región en general como un eje potencial de la transformación y comercialización de la madera legal.

Sin embargo, las plantaciones no son la única salvaguarda que podría fomentar el comercio legal de madera en Colombia. El desarrollo de iniciativas locales para aprovechar los bosques naturales de manera sostenible es otra de las alternativas en puja. “Hay ejemplos claros en los que creo que los acuerdos sociales nos pueden llevar a que la comunidad sea una fuerza de trabajo para la restauración de la naturaleza perdida, de generación de oportunidad económica, pero también una fuerza de contención social del fenómeno de la deforestación” manifestó Susana Muhamad, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en una intervención mediante Twitter, en el marco de los diálogos regionales para Meta, Caquetá y Guaviare el pasado mes de octubre. Justamente, el gobierno actual ha mencionado la promoción de Colombia como potencial forestal y su apuesta está en el aprovechamiento de los bosques desde la identificación de los núcleos forestales.

Sin embargo, aunque el mercado legal tiene grandes oportunidades en el país, para que esto ocurra se tienen que afrontar varios retos. Desde la oferta ―en donde debe haber más oportunidades para disminuir las brechas de ilegalidad y combatir las condiciones que habilitan tráfico ilegal de madera― como desde la demanda, en donde debe haber más conciencia para exigir madera legal en el mercado.

*Este artículo se desarrolló en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por WCS y WWF que busca combatir el tráfico ilegal de flora y fauna en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y zonas de tri-fronteras con Brasil.

El tráfico ilegal de madera es una de las mayores amenazas que tienen los bosques naturales en Colombia. Según cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta actividad es la causa de aproximadamente el 10% de la deforestación. Así, año a año, cientos de especies maderables, muchas de ellas en peligro, son traficadas de manera ilegal, poniendo en riesgo el equilibrio ecosistémico de muchos bosques del país. En esta dinámica, la Región del Pacífico y Amazonía son las zonas más afectadas.

Los vacíos institucionales y la poca presencia Estatal son algunas de las circunstancias que los vendedores ilegales aprovechan para hacerle el quite a la legalidad. “Por ejemplo, en muchos territorios los actores ilegales lo que hacen es blanquear la madera, es decir, utilizan permisos legales para aprovechar y transportar maderas de especies extraídas de áreas sin permisos” explica Johana Herrera, oficial de Bosques de WWF Colombia.

Ante esta evidente amenaza, el Gobierno Nacional, con el apoyo de varias ONG, Agencias de Cooperación, la academia e institutos de investigación, buscan implementar distintos mecanismos para verificar los recursos maderables que salen de los bosques, uno de estos es el XyloTron, una herramienta tecnológica que está en proceso de desarrollo para identificar especies maderables a través de mecanismos digitales de inteligencia artificial.

El XyloTron es una herramienta con la que las Autoridades Ambientales y la fuerza pública ubicadas en los puestos de control y carreteras podrán confirmar si la madera amparada en los salvoconductos reglamentarios corresponde a la madera que se está transportando. La aplicación se alimenta con cientos de fotografías de piezas de madera para identificar especies forestales con una efectividad del 97% y a la fecha se cuenta con una base de datos de 19 especies.

Teniendo en cuenta lo complejo que es identificar las maderas en el país, debido a la gran variedad de especies que existen, “el XyloTron es una herramienta con un potencial muy importante para ayudar a las acciones de control, realizadas por las Autoridades Ambientales con el apoyo de la Policía Nacional de carreteras” explica Herrera .

Justamente, esta herramienta complementa al Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Asocars, el cual ha sido financiado por la Unión Europea, a través del Programa para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales, FAO UE FLEGT.
Además de la tecnología, el Sistema Nacional de Trazabilidad ha fortalecido los procedimientos para hacer seguimiento en las etapas de planificación, aprovechamiento, movilización y comercialización de productos forestales, en donde se involucran a todos los actores de la cadena y en el que se integran diferentes sistemas de información existentes. Entre estos mecanismos se encuentran, por ejemplo, los reportes de las autorizaciones y/o permisos de aprovechamiento forestal que se cargan al Sistema de Nacional de Información Forestal (SNIF) y al Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) durante la fase de planeación, para registrar las especies forestales presentes en un territorio; los permisos de aprovechamiento emitidos por el ANLA en los casos en los que aplique, por medio del Sistema de Información para la Gestión de Trámites Ambientales (SILA); la plataforma VITAL para administración y consulta del Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) que otorga la autoridad ambiental y en donde se registra la cantidad, origen, destino y especies que van a ser objeto de movilización, y el Libro de Operaciones Forestales en Línea o LOFL, un donde se registran entradas y salidas de productos forestales que son llevados a depósitos y centros de transformación de la madera.

En el webinar Mecanismos de Cooperación en los Sistemas de Trazabilidad realizado a finales de agosto 2022, Nhaydú Bohórquez, quien hace parte del Programa de Madera Legal y Sostenible de la División Forestal de la FAO, sostiene que la trazabilidad es un proceso de mejora constante, pues los sistemas de información y reportes que se utilizan para la trazabilidad siempre son susceptibles a cambios y, sobre todo, necesitan seguir siendo apropiados por todos los actores que están en la cadena, especialmente las comunidades locales y los actores privados, pues son ellos quienes pueden alimentar estos reportes con información valiosa y real. “No solo es una solución informática o un tema que únicamente le compete a la autoridad ambiental, sino un tema que va en línea con los usuarios que terminan siendo las industrias, es decir, el sector privado, pero también las comunidades” explica Bohórquez. Además, este ejercicio de mejora también exige que el Estado fortalezca el control y vigilancia de estos mecanismos, así como el cumplimiento de las leyes establecidas.

¿Por qué la trazabilidad desestimula la ilegalidad?

Con un sistema de trazabilidad fortalecido, y con los distintos actores de la cadena empoderados en el uso y aplicación de las herramientas que lo consolidan, sería mucho más difícil el blanqueo de madera en el país, lo que disminuiría en un gran porcentaje la oportunidad de comercializar madera ilegal. Así lo explica Johana Herrera, quien menciona que “en este proceso, el marcaje de los individuos desde la etapa de planeación, es fundamental para que, por ejemplo en los puntos de control, las autoridades puedan identificar la madera ilegal de manera oportuna, sin embargo, el sistema aún está en proceso de consolidación”.

Trabajar en la trazabilidad, y en general, en el fortalecimiento del comercio de madera legal es fundamental para mantener la riqueza natural del país. ¿La razón? La diferencia entre la madera ilegal y la madera legal puede ser gigante cuando hablamos de los daños que pueden generarse en los ecosistemas, pues, mientras que la madera legal se obtiene bajo planes de manejo ambiental y buenas prácticas forestales que garantizan la sostenibilidad de los bosques, la extracción de madera ilegal es voraz, selectiva (es decir, que busca solamente extraer las especies con mayor valor económico) y desordenada, lo que degrada estos importantes ecosistemas naturales. Asimismo, la alteración de estos ecosistemas por la tala ilegal tiene consecuencias en cadena, como alteraciones en el sistema hídrico, el desplazamiento de especies animales que dependen de los árboles que cosechan, por ejemplo, de sus frutos para la alimentación.

Además, las afectaciones no son sólo ambientales, pues la ilegalidad llega a afectar a las comunidades locales, quienes son muchas veces instrumentalizadas por los actores ilegales para extraer la madera. “Ellas no son quienes hacen el aprovechamiento ni la transformación de la madera y casi todo el beneficio económico se queda en el intermediario” explica Herrera. Por esta razón, cuando la comunidad no percibe un beneficio directo de estos recursos, se empiezan a generar otras dinámicas de supervivencia, que impulsan la degradación por falta de oportunidades en su territorio.

Un trabajo conjunto

Si bien la trazabilidad es una herramienta indispensable para garantizar el comercio de madera legal en Colombia, aún hay un proceso por desarrollar a nivel fronterizo. Se deben establecer lazos y afianzar las relaciones entre los países de frontera amazónica como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para establecer una ruta compartida que permita fortalecer el camino hacia la legalidad.

En ese sentido WWF ha apoyado distintos espacios del diálogo entre las Mesas forestales de Loreto (Perú) y Amazonas (Colombia), con el apoyo de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa regional financiada por la Unión Europea y liderada por WWF y WCS que busca combatir el tráfico de madera ilegal en distintos países de la región.

¿Los resultados de estos procesos de diálogo? apoyo a la inauguración de un puesto de control fronterizo en Santa Rosa – Ramón Castilla, Perú, desarrollado por Gerencia Forestal, para combatir el comercio ilegal de madera que sucede entre ambos países, y la creación de la Mesa Forestal Regional Fronteriza, un espacio de diálogo impulsado por la Mesa Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto y la Mesa Forestal del Departamento de Amazonas, con el fin de promover la articulación entre actores públicos, privados y la sociedad civil, para fortalecer la gobernanza forestal e impulsar el desarrollo del sector forestal mediante la productividad y competitividad de la región fronteriza entre Perú y Colombia.

*Este artículo se desarrolló en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, una iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por WCS y WWF que busca combatir el tráfico ilegal de flora y fauna en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y zonas de tri-fronteras con Brasil.